1933 Las elecciones (I) Antecedentes

   El año 1933 supuso un cambio de orientación del gobierno republicano. Reformada la ley electoral en el mes de julio, el conjunto de las tres elecciones celebradas -Municipales, Tribunal de Garantías y Generales- supuso la caída del primer bienio de gobierno republicano, iniciándose de esa manera un nuevo bienio, esta vez derechista, conocido popularmente como “bienio negro”. Durante el primer bienio republicano -1931-1933- se pusieron en marcha toda clase de reformas sociales y administrativas que adecuaran la actividad nacional al nuevo sistema político. En este primer periodo, el principal equipo de gobierno fue el conformado el 16 de diciembre de 1931 y que perduró a lo largo de un año y medio. Presidido por Manuel Azaña, las principales y más relevantes actuaciones de reforma fueron las siguientes:

   - Reforma religiosa. Una de las primeras medidas que el nuevo régimen republicano pretendió imponer fue el carácter laico de la nueva sociedad española y la separación inmediata de la Iglesia y el Estado. La problemática religiosa, que tuvo capital importancia nada más iniciarse el periodo republicano al producirse la quema de iglesias y conventos, podría resumirse en tres aspectos: el político, pensando que la Iglesia había sido el principal apoyo tanto de la Monarquía como de la Dictadura de Primo de Rivera; el económico, en que la Iglesia continuaba ostentando gran poder económico aun cuando su riqueza estaba irregularmente distribuida, con grandes diferencias entre las altas jerarquías y el clero rural -“proletariado eclesiástico predispuesto a simpatizar con la República”, a juicio de Madariaga-, que mostraba una muy deficiente economía, y territorial, con grandes propiedades tanto urbanas como rurales; y el tercer punto afecta al aspecto cultural, donde la enseñanza religiosa copaba la educación de la población. Al respecto, Salvador de Madariaga opina: “los defectos de la Iglesia española, y en particular la incultura de la masa que bajo su manto se cobija, se deben, no a ser católica, sino a ser españoles, es decir, a que la Iglesia católica española ha acompañado al resto de España en su decadencia e incultura. Los dos reproches que cabe hacer a la Iglesia católica en España son su incultura y su sentido reaccionario en cuestiones económicas y sociales”. El primer bienio azañista se encargará de aprobar las medidas necesarias para encaminar la nueva política religiosa, cuyos principales decretos fueron la disolución de la Compañía de Jesús (23 de enero de 1932), la secularización de los cementerios (30 de enero de 1932), la ley de divorcio (2 de marzo de 1932) y la ley de Congregaciones religiosas (2 de junio de 1933). La partida presupuestaria destinada al clero, a pesar de hacerse una reducción gradual desde 1931, desaparece completamente en 1933, y se suprime la asignatura de religión en todos los centros docentes.

   - Reforma militar. Azaña, ministro de la Guerra, fue el principal impulsor de la reforma, tratando de tomar medidas para la modernización del Ejército, que se encontraba en un estado deficiente tras la caída de la Dictadura de Primo de Rivera y la Monarquía, con un exceso de oficialidad (566 generales y 21.996 oficiales según el Anuario Militar de 1930) y armamento insuficiente y obsoleto. Medidas como la promesa de fidelidad que los militares debían prestar, añadiendo que la oficialidad que no la prestare causaría baja en el Ejército; retiros voluntarios retribuidos implantando de esa manera «un régimen transitorio para que los militares en activo puedan pasar a la situación de reserva o de retirados sin quebranto en su haber» -el Estado Mayor y oficiales, bajo determinadas circunstancias, estaban a expensas de que un decreto del Gobierno pudieran hacerles pasar a la reserva o bien ser dados de baja temporal o indefinida (ley de 16 de septiembre de 1931, y marzo de 1932)-, y se prohibía en medios escritos la publicación de opiniones de las instituciones armadas que no fueran de carácter técnico; reorganización del Ejército: supresión de numerosos regimientos y batallones, así como la Dirección General de Aeronáutica, sustitución de las capitanías generales por divisiones orgánicas, eliminación de la Academia General de Zaragoza, disolución del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, reorganización del Ejército de África, y reforma de la justicia militar. Y ya más a largo plazo, cambio en la política de reclutamiento, de destinos y ascensos, de enseñanza militar, y la creación de un Cuerpo de Oficiales de Complemento. A pesar de ser positiva esa reorganización, las medidas de reforma, el tono arrogante con el que Azaña aplaudía sus propias iniciativas, y principalmente las reducciones, dieron pie a que militares y fuerzas de derecha creyeran ver un intento de destrucción del cuerpo militar. Como escribía Mola en 1933 «La efectiva trituración del ejército dimana de la labor anárquica y de indisciplina que dentro de él se ha hecho... del desprecio de los valores morales de sus componentes... de tolerar con complacencia y hasta llegar a favorecer los ataques más denigrantes contra el cuerpo de oficiales... de las vejaciones de que se hicieron objeto a militares de todas las categorías por los esbirros y jenízaros al servicio del equipo de gobernantes...».



Manuel Azaña, Jefe de Gobierno y ministro de la Guerra, junto a Franco



   - Reforma laboral. Bajo el mandato de Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, fueron varias las medidas adoptadas con objeto de mejorar la situación obrera en España y dar la posibilidad a los trabajadores, a través de los sindicatos, de regular su situación laboral: La Ley de Contratos de Trabajo (21 de noviembre de 1931); la Ley de Jurados Mixtos del Trabajo (27 de noviembre de 1931), de competencia tanto rural como industrial, que a la postre tan solo convencería a los socialistas -patronos y sindicatos anarquistas boicotearon de forma continuada su constitución en algunas provincias-, sucediéndose en mayo de 1933 asambleas de labradores que piden su abolición ya que son «el cáncer de la agricultura»; otras medidas consistieron en la aplicación de seguros por retiro, maternidad y accidentes, y el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas. A pesar de concebirse para una mejora en la productividad, la aprobación de la Ley de Términos Municipales, que obligaba a los patronos a emplear braceros que fuesen vecinos del municipio en que se desarrollaba el trabajo, causó malestar en todos los grupos menos en el socialista; convirtiéndose en un auténtico problema, generando abusos y obligando a dictar disposiciones complementarias a nivel municipal. Pese a todas esas medidas, la conflictividad laboral en esos dos años fue en continuo aumento: según el Boletín del Ministerio de Trabajo, en 1931 se produjeron 734 huelgas que afectaron a 236 mil obreros; en 1932 fueron 681 huelgas que siguieron 269 mil personas; y para ver el clima de descontento en el año que nos ocupa principalmente, en 1933 se declararon 1.127 huelgas y el seguimiento se disparó hasta las 843 mil personas. Asimismo, la renta por individuo activo cayó de las 2.871 pesetas al año en 1932 a las 2.453 pesetas en 1933, volviéndose a recuperar en 1934 al alcanzar un valor de 2.817 pesetas.



Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo



Santiago Casares Quiroga, ministro de Gobernación



   - Reforma Agraria. (Ley de Bases aprobada el 9 de septiembre de 1932). Se pretendió acabar con el paro agrario, redistribuir la tierra mediante la expropiación de grandes fincas, organizar y mejorar las condiciones laborales del campesinado, diversificar los cultivos y aumentar rendimientos. La reforma integraba principalmente las provincias latifundistas de Andalucía, Extremadura, sur de La Mancha y Salamanca. La promesa de distribución de tierras hizo que el Gobierno recibiera un apoyo masivo de la población campesina que creyó en una rápida entrega de tierras -1933 fue, con diferencia, el año con menor número de emigrantes durante los años de la República-, hecho que no se produjo y contribuyó a una decepción generalizada. De la misma manera, grandes propietarios, partidos derechistas y la minoría Agraria consiguieron movilizar a su favor al campesinado de las zonas no latifundistas, que quedaron fuera de los beneficios que reportaba la Reforma. El diputado radical-socialista Eduardo Ortega y Gasset dejaba su impresión sobre la poca efectividad de la reforma: “Cuando después de dos años de República se ha dejado a los campesinos sin campo y a los jornaleros sin jornal, en situación de hambre y desesperación, habiendo encendido sus esperanzas con promesas que luego se han matado por falta de actos, esta corriente de hostilidad ha estallado”. Una reforma que tanta expectación e ilusión había causado entre la población campesina, al finalizar el primer bienio había tenido una aplicación mínima, en que tan solo fueron instalados 4.399 campesinos sobre un total de 24.203 hectáreas expropiadas, número que contrasta con los 6.269 instalados durante los primeros nueve meses de gobierno radical-cedista bajo el ministerio de Cirilo del Río.

   - Orden público. Pese a tener opiniones en contra, el Gobierno mantuvo al frente a la Guardia Civil. La sublevación de Sanjurjo provocó su sustitución por el nuevo Cuerpo de Guardias de Asalto. Se aprobó con carácter transitorio (ya que rayaba en la inconstitucionalidad) el 20 de octubre de 1931 la Ley de Defensa de la República, que otorgaba plenos poderes al ministro de Gobernación y libertad de actuación al margen del sistema judicial. Casares Quiroga decretó suspensiones de periódicos, clausuras de locales sindicales y políticos, detenciones de activistas de todas las ideologías, prohibición de actos públicos, encarcelaciones y registros. Medidas todas ellas que, una vez generalizada su aplicación, llevaron al propio Gobierno a aconsejar su sustitución, que se produciría año y medio después (julio de 1933) con la aprobación de la Ley de Orden Público, duramente discutida en Cortes y que articulaba tres grados de excepción: el estado de prevención; el estado de alarma, que facultaba a las autoridades a realizar registros, detenciones y disolver asociaciones consideradas peligrosas; y el estado de guerra, en que eran eliminadas las garantías constitucionales y se dejaba al Ejército a cargo del orden público.

   A pesar de ser este Gobierno Azaña el más estable de toda la República, el propio hecho de su longevidad hizo que tuviera que superar distintos obstáculos que hicieron que su agotamiento fuera inevitable: la cuestión catalanista y su pretensión de que se transfirieran competencias; los enfrentamientos de Corral de Almaguer, Castilblanco, Arnedo, Bilbao, Barcelona y, sobre todo, Casas Viejas, que hicieron que los socialistas se plantearan la posibilidad de abandonar su apoyo al Gobierno; la discusión sobre la ley de congregaciones, que provocó un cambio de ministros; la descomposición radical-socialista, y finalmente, ante el resultado de la elección del Tribunal de Garantías y la radicalización del ala caballerista del Partido Socialista, la finalización de la colaboración en el gobierno del Estado y la caída definitiva en el mes de septiembre del gobierno Azaña

   Es en estas circunstancias cuando se llega a la celebración de las elecciones de noviembre de 1933. Pero sigamos por orden cronológico las tres convocatorias electorales de ese año.